La vida actual es, indudablemente, muy complicada y la democracia en la que nos sentimos tan cómodamente instalados es una mera apariencia, ( lo digo yo, y a mi me vale, aunque sea criticable mi opinión y mi autosuficiencia).  Es tan distante la vida real de la vida política que el divorcio entre ciudadano e instituciones es un hecho consumado desde hace décadas y solo el miedo a perder los beneficios de la sociedad del bienestar y el aliciente de promesas electorales, hechas para incumplirlas, mueven a la población a ir a depositar su voto en los comicios. En muchas ocasiones no se tiene plena consciencia de lo que se vota o de a quien se vota, incluso hay mucho votante que  deja en manos de un tercero, marido, esposa, hijo mayor, etc,… la decisión del voto familiar, y esto lo manifiesto por conocerlo directamente , y resulta más frecuente de lo que se puede imaginar. También hay mucho voto cautivo por las promesas o compromisos. Al fin y al cabo es igual porque las mayorías gubernamentales y parlamentarias se forman de modo autónomo y con independencia de la expresión de la voluntad de las urnas… Es la práctica habitual en la democracia aparente y bajo este sistema se eligen los representantes en las instituciones de los poderes legislativos, de los ayuntamientos, etc…

Pero dentro de esta simulación de democracia, el tercer poder, ese Poder Judicial, que tiene que hacer cumplir las leyes y para ello ha de actuar a través de los mecanismos procesales y que está por encima de los otros dos poderes, no tiene ni tan siquiera la mínima apariencia de representatividad. En España, salvo la implantación del Jurado para determinados y contadísimos supuestos penales, y cuya eficacia y credibilidad deja mucho que desear, el Poder Judicial no está legitimado por la soberanía popular puesto que el acceso a la carrera judicial se realiza a través del ingreso, previa oposición, en la Escuela Judicial, para después entrar en el ejercicio de la función jurisdiccional, o bien por los turnos restringidos que llevan de igual modo a ese ejercicio de la función, a ser Juez. Una vez ahí, es el Consejo General del Poder Judicial, un órgano eminentemente político dimanado de las componendas parlamentarias, el que regula el desarrollo y la vida profesional del juez en todos sus aspectos, desde los ascensos a las sanciones.

¿Es este sistema el ideal en un sistema que presume de democracia? Es una cuestión opinable, pero casi todas las opiniones que conozco coinciden con mantener más o menos el sistema y en él introducir reformas que lo despoliticen.  Es evidente que el hecho de que el órgano de gobierno del Poder Judicial sea elegido por el Parlamento entraña, se quiera o no, una politización del sistema, politización que se da, además, en el sentido de que las corrientes de ideología toman forma entre los jueces a través de una ficción que permite eludir la proscripción de pertenecer a partidos políticos o sindicatos, y que no es otra que la de las asociaciones de carácter profesional, trasplante de la vida política a la judicatura. Por lo tanto, quien diga que el Poder Judicial en España no está politizado miente y se engaña.  Y las modificaciones que se proponen tendiendo a que se deje que sean los jueces entre si los que se autogobiernen, lo cual supondría una situación más o menos parecida a la actual pues se daría la pugna entre las distintas corrientes asociativas, estaríamos en lo mismo y, sobre todo, seguiríamos en la más absoluta amenidad respecto a la ciudadanía.

Por supuesto que existen otros problemas a vencer en la Justicia, uno de ellos ya apuntado es la existencia de la politización por la vía del asociacionismo. Se entiende que los derechos fundamentales alcanzan a todos los ciudadanos, pero ¿es un Juez un ciudadano más? En mi opinión, los poderes y facultades que le otorga el ordenamiento jurídico le dan una situación de preponderancia, de prepotencia entendida en el sentido de ser más poderoso que nadie… no es igual que los demás, y ello conlleva una desigualdad, un desequilibrio manifiesto que debe ser ponderado.  Siempre digo que ser Juez debe ser derivarse de un sentimiento vocacional que apareja la asunción de unos sacrificios enormes que no se pueden eludir. Por lo tanto es el ejercicio de la judicatura un sacerdocio que aísla en muchos sentidos a quien lo practica porque tiene que ser independiente, no puede contaminarse con creencias y opiniones, no puede hacer valer ni sus propias convicciones, algo tan difícil que exige una voluntad de estar aparte de muchas cosas que no están vetadas a los demás ciudadanos.

Creo que el derecho de asociación es uno de los que pierde el Juez por el mero hecho de serlo y que es a través de la participación en ese tipo de colectivo uno de los medios por los cuales se ha desarrollado una peligrosa penetración ideológica en la función jurisdiccional, con la formación de tesis e interpretaciones jurídicas acordes con criterios que responden a las líneas dictadas por los colectivos. Las asociaciones profesionales de jueces no pueden existir si se desea que la independencia y la neutralidad presidan la Justicia.  A este mal indicado hay que añadir otros muchos, uno de ellos es la compatibilidad de la función jurisdiccional con otras actividades. Es posible que el sistema retributivo sea la causa de que muchos Jueces hayan de acudir a complementar sus ingresos en la docencia o en al mundo literario, y ello supone contaminar su labor en otros campos y en otros intereses. La docencia podría pensarse que es más inocua aunque el panorama actual no esta libre de sospecha y la forma habitual de colaboración en las Universidades es la contratación como profesores colaboradores, lo que  requiere afinidades y amistades con los responsables de los departamentos que contratan, y ello siempre es susceptible de sospecha que debe evitarse a toda costa. El tema de las publicaciones es aún más espinoso, dado que la vinculación con las empresas editoriales y los aspectos publicitarios que apareja en mundo del libro actual es algo poco proclive a generar una imagen de independencia y autonomía.

¿Y qué decir de ese fenómeno mediático de la presencia en los medios de comunicación, actos sociales, fiestas, actos de toda índole, de los llamados (jueces estrella)?  Es uno de los males más graves que sufre el sistema judicial y la más nefasta imagen de la judicatura española, que llega a su cenit cuando se contempla la lucha despiadada por la fama a costa de los asuntos judiciales propios del ejercicio de la actividad profesional.

 El fenómeno de la irrupción mediática de los jueces es algo inverosímil y ha creado una imagen frívola y carnavalesca de la función de los mismos, ha permitido la calificación por parte de la ciudadanía de los jueces en buenos o malos según se les ve o no se les ve en las noticias, se les nombra o no se les nombra, se les entrevista o no se les entrevista… Esto es un atropello al Estado de Derecho que puede costar caro a corto plazo y que no se ha evitado por considerar que la libertad de expresión y el derecho a la propia imagen es un derecho de todos, pero, volviendo a insistir, los jueces no perteneces a esa generalidad, son excepción entre todos y sus libertades se ven mermadas por su sacerdocio, no pueden permitirse lo que otros ciudadanos  porque no pueden comprometer su independencia.  Cuando se aspira a ser Juez, se está tomando un camino lleno de renuncias, el aspirante debería saber que se renuncia a la fama, a la vida social, a los amigos casi, al nombre… Nadie tiene por que saber el nombre del Juez que lleva tal o cual asunto, ni su imagen tiene que conocerse, por un lado se debe preservar y garantizar su anonimato y por otro sus derechos ciudadanos se tienen que ver recortados en ciertos aspectos, puesto que de lo contrario, como juez no vale. Y desde esa perspectiva, el juez debe de cuidar mucho su entorno, evitando que nadie que pertenezca a su más estricto círculo familiar y de amistades se pueda permitir ningún tipo de conducta o manifestación que puedan albergar la mínima sospecha de influencia.  Mal asunto el que sigan existiendo, con asiduidad, esas manifestaciones de personas desaprensivas que por espurios intereses se jactan de ser amigos, novios, novias, conocidos, amantes o parientes del juez fulano o la jueza zutana, algo que se da con desgraciada frecuencia entre desaprensivos profesionales de mi gremio. Personalmente no niego que haya miembros de la judicatura que me honran con su amistad, pero jamás me he permitido ni tan siquiera hacer gala de tales circunstancias ni sacar provecho de la misma, por lo cual cada vez que detecto una acción de esta índole no me tiembla el pulso al denunciarla, aunque con escaso éxito, he de reconocer, porque el corporativismo está muy arraigado en nuestra sociedad.

¡Ay España, España!. A pesar de todo sigo creyendo en la Justicia, pero tal vez lo hago como me contaba estos días atrás un compañero y amigo que le oyó decir a Don José María Gil Robles: creo con fe teológica, con esa fe consistente en creer el lo que no se conoce o no se ha visto.